La justicia tarda, pero llega

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Guatemala dicta arresto domiciliario al exdictador Efraín Ríos Montt. Así se encabeza un artículo publicado en el diario El País Internacional el 27 de enero de 2012. El subtitular explicaba que: La juez ordena procesarlo por delitos de genocidio y crímenes de guerra. El militar tiene 24 horas para pagar una fianza de 500.000 mil quetzales (unos 47.600 euros).

Ríos Montt, militar de profesión y converso a una de las miles de iglesias evangélicas de Guatemala, de la que ejerció como 'pastor', el 23 de marzo de 1982, dos semanas después de que el general Ángel Aníbal Guevara fuera elegido Presidente de la República, encabezó un golpe de estado contra el presidente saliente, Fernando Romeo Lucas García y se autoproclamó presidente, asumiendo el poder de forma dictatorial.

Su mandato, relativamente breve ya que gobernó durante 16 meses, se caracterizó por la creación de las llamadas Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), en realidad grupos paramilitares, que combatieron por todos los medios a todos aquellos considerados opositores.

Estos grupos se dedicaron de manera sistemática a una 'limpieza étnica' contra la población indígena. Ríos Montt estableció un régimen de terror y persecución que amordazó a la mayoría de la población civil y, en particular, hizo de los grupos de lucha democrática y defensores de los derechos humanos su blanco favorito. Finalmente fue depuesto en otro golpe de estado promovido por el entonces ministro de Defensa Óscar Humberto Mejía Víctores.

A pesar de su trayectoria golpista y de la prohibición constitucional de postularse como candidato para quienes así hayan actuado, Ríos Montt ha ocupado diversos cargos públicos y ha presentado su candidatura en muy diversas oportunidades, por lo que se le puede considerar un político en activo.

Sin embargo, treinta años largos después de su acción golpista y conocido de sobra su modo de actuar al frente del gobierno, impulsando un verdadero genocidio, la justicia lo acusa y lo somete, preventivamente, a arresto domiciliario, en atención a su edad.

El afán por olvidar los tiempos oscuros que la República de Guatemala ha padecido, las violaciones sistemáticas de los Derechos humanos, asesinatos como el de Mosr. Gerardi, desapariciones, desplazamientos de población, persecuciones de toda índole contra la población indígena o contra miembros destacados de comunidades de católicos, parecería llevar a un 'borrón y cuenta nueva' con el fin de no remover tanto dolor e injusticia. Sin embargo, una juez, Patricia Flores Polanco, ha dictado esta orden de arresto domiciliario propiciando un juicio, por primera vez, contra uno de los personajes más siniestros de la historia reciente de Guatemala, que se ha de llevar a cabo dentro del propio país y por la propia justicia guatemalteca.

Ya en su momento, el juez español de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, dictó una orden de captura contra este ex-militar, acusándolo de este mismo delito.

Así pues, tras treinta largos años, algo se mueve en Guatemala y la justicia, que parecía condenada al eterno silencio, comienza a alzar su voz. Es sin lugar a dudas esperanzador que aunque parezca que la justicia tarda, al fin se la vea acercarse. No se trata de afán de venganza, como algunos pudieran argumentar, sino y más bien, de poner las cosas en su lugar y de reponer la dignidad y el derecho a la memoria de aquellos que fueron eliminados, silenciados, excluidos o directamente asesinados.

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